Preguntas frecuentes

La ley concursal es una normativa que establece un procedimiento legal para la reestructuración o liquidación de empresas en situación de insolvencia. Esta ley tiene como objetivo proteger los intereses tanto de los acreedores como de la propia empresa en crisis, facilitando su viabilidad económica y su continuidad en el mercado en la medida de lo posible. En resumen, la ley concursal es una herramienta legal que permite a las empresas en situación de insolvencia una reorganización para evitar la quiebra o, en su defecto, una liquidación ordenada de sus activos.

En España, la ley concursal regula el procedimiento para resolver la insolvencia de una persona física o jurídica, que no puede hacer frente a sus deudas. Por lo tanto, cualquier persona física o jurídica que se encuentre en esta situación, es decir, que no pueda hacer frente a sus deudas, puede acogerse a la ley concursal. No obstante, existen ciertas limitaciones y requisitos que deben cumplirse para poder acogerse a este proceso, por lo que es recomendable buscar asesoramiento legal especializado antes de tomar una decisión.

Existen dos tipos de procedimientos de concurso de acreedores en España:

1. Concurso voluntario: es el que se inicia a petición del deudor, es decir, cuando el deudor se da cuenta de que no puede hacer frente a sus deudas y decide solicitar el concurso de acreedores.
2. Concurso necesario: es el que se inicia a petición de uno o varios acreedores, cuando tienen una deuda vencida y exigible y no han podido cobrarla a pesar de haberlo intentado. En este caso, el juez debe comprobar que se cumplen los requisitos para declarar el concurso.

El procedimiento especial de microempresas es un proceso concursal regulado en la Ley Concursal española que tiene como objetivo facilitar la reestructuración de las deudas de las microempresas, es decir, aquellas empresas que no superan los 1 millón de euros en activos y que tienen menos de 10 empleados.

Este procedimiento está diseñado para ser más rápido y económico que otros procedimientos concursales, y busca la viabilidad de la empresa y la satisfacción de los acreedores, permitiendo la negociación y el acuerdo con ellos.

El procedimiento especial de microempresas se inicia por solicitud del deudor y se tramita por el juez en una fase única, y en él se establece un plan de pagos y reestructuración de la deuda que deberá ser aprobado por la mayoría de los acreedores. En caso de no alcanzar un acuerdo, se procede a la liquidación de la empresa.

El procedimiento de concurso se puede iniciar a solicitud del deudor o de sus acreedores. El deudor debe solicitar el concurso voluntario dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Por otro lado, los acreedores pueden solicitar el concurso necesario cuando consideren que el deudor se encuentra en estado de insolvencia, es decir, que no puede hacer frente a sus obligaciones de pago de forma regular.

La declaración de concurso, ya sea voluntario o necesario, tiene varios efectos, entre ellos:

1. Suspensión de las ejecuciones y embargos: Desde el momento en que se declara el concurso, se suspenden las ejecuciones y embargos sobre los bienes del deudor.
2. Administración concursal: El juez nombra (no en todos los supuestos) un administrador concursal que se encargará de gestionar los bienes y derechos del deudor.
3. Publicidad del concurso: La declaración de concurso se publica en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro Público Concursal, lo que implica que cualquier acreedor podrá presentar sus créditos.
4. Vencimiento anticipado de los créditos: En el caso de que el deudor tenga algún crédito con vencimiento posterior a la declaración del concurso, estos créditos se consideran vencidos anticipadamente.
5. Posible venta de activos: El administrador concursal puede proceder a la venta de los activos de la empresa para satisfacer a los acreedores.
6. Suspensión del plazo de prescripción: El plazo de prescripción de las acciones que pudieran ejercitar los acreedores se suspende desde la fecha de la declaración del concurso.

Es importante destacar que la declaración de concurso no implica la disolución automática de la empresa, sino que se abre un proceso que busca alcanzar un acuerdo con los acreedores para la reestructuración de la empresa y su continuidad.

En el concurso de acreedores se incluyen todas las deudas del deudor que existan en el momento de la declaración del concurso, tanto las deudas vencidas y exigibles como las que aún no lo estén. Esto incluye, entre otras, deudas con proveedores, acreedores financieros, administraciones públicas, empleados, entre otros. También se incluyen las deudas que sean objeto de reclamación judicial en el momento de la declaración del concurso.

Durante el proceso concursal, se pueden tomar medidas para proteger los bienes del concursado y evitar su enajenación o deterioro, como por ejemplo la suspensión de las facultades de administración y disposición del deudor.

Una vez declarada la apertura de la fase de liquidación, se procederá a la realización de los bienes del concursado para el pago a los acreedores. El procedimiento de liquidación se llevará a cabo por el administrador concursal y se regirá por lo establecido en la Ley Concursal.

Es importante destacar que los bienes objeto de garantía real o hipoteca, así como los derechos de propiedad intelectual, no se incluyen en la masa activa del concurso y podrán ser objeto de realización separada.

Sí, es posible continuar con la actividad empresarial durante el concurso, pero dependerá de la situación particular de cada caso. En general, el objetivo del concurso es la reestructuración de la empresa y la satisfacción de los acreedores, por lo que se permite la continuidad de la actividad empresarial en la medida en que resulte necesaria y beneficiosa para el proceso concursal.

No obstante, en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando la empresa tiene deudas impagadas o cuando existen riesgos para los acreedores o para la viabilidad de la empresa, puede ser necesario que el juez ordene la suspensión de la actividad empresarial.

En todo caso, durante el concurso es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho concursal que pueda orientar adecuadamente sobre las posibilidades y limitaciones de la actividad empresarial durante el proceso.

Un plan de reestructuración es un conjunto de medidas y acciones que se toman para sanear una empresa en dificultades financieras y lograr su viabilidad a largo plazo. Este plan suele ser presentado por la dirección de la empresa al juez del concurso como parte del proceso concursal.

El plan de reestructuración puede incluir diversas medidas como la reducción de gastos, la renegociación de deudas con los acreedores, la venta de activos no esenciales, la reorganización de la estructura de la empresa, la búsqueda de nuevos mercados o la implementación de nuevas líneas de negocio. El objetivo es que la empresa pueda volver a ser rentable y hacer frente a sus obligaciones financieras.

Se inicia la fase de liquidación en la que se procede a la venta de los bienes y activos de la empresa concursada para pagar a los acreedores.

En la fase de liquidación, el administrador concursal es el encargado de realizar la venta de los bienes de la empresa y, en general, su objetivo es obtener el mayor valor posible de los mismos para pagar a los acreedores. Para ello, se pueden seguir diferentes procedimientos, como la venta directa, la subasta pública, la cesión de la unidad productiva, entre otros.

En el proceso de liquidación, los acreedores concursales tienen un derecho de cobro preferente, es decir, tienen prioridad sobre otros acreedores. El orden de preferencia viene determinado por la Ley Concursal y se establece en función del tipo de crédito que tenga el acreedor.

Una vez que se han vendido todos los bienes de la empresa, se procede a la liquidación final y se reparte el dinero obtenido entre los acreedores, en función del orden de preferencia establecido. Si tras la liquidación final queda algún remanente, este se entregará a los socios de la empresa concursada.

La ley concursal establece una serie de medidas destinadas a proteger los derechos de los trabajadores de la empresa concursada. En este sentido, se establece un régimen especial de créditos laborales que incluye los salarios e indemnizaciones pendientes de pago, así como las cotizaciones a la Seguridad Social y las prestaciones por desempleo.

Además, se establecen ciertas garantías para los trabajadores en caso de despido colectivo, como la obligación de la empresa de informar a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral competente sobre la situación económica de la empresa y la necesidad de llevar a cabo despidos.

Por otro lado, durante el proceso concursal, la empresa no puede realizar despidos sin la autorización del juez del concurso. En cualquier caso, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización.

En resumen, la ley concursal establece una serie de medidas destinadas a proteger los derechos de los trabajadores de la empresa concursada y a garantizar que se les abonen las cantidades adeudadas.